Cierran calles en las inmediaciones del Palacio de Justicia

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Después del incidente ocurrido ayer con simpatizantes y legisladores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), las inmediaciones del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva están custodiadas por agentes policiales y militares.

La calle que da acceso a la edificación fue cerrada y solo dan paso peatonal a aquellas personas que tengan alguna audiencia o trámite por realizar.

Agentes del Departamento Contra Motines de la Policía Nacional así como los de la Fuerza de Tarea Ciudad Tranquila (CIUTRAN) están resguardando la zona para evitar conflictos.

Ayer, decenas de personas con banderas del PLD, y hasta legisladores del partido morado, intentaron entrar por la fuerza al Palacio de Justicia de Ciudad, en cuya cárcel preventiva están detenidos desde el fin de semana los exministros Donald Guerrero, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, vinculados a actos de corrupción.

Esta situación, en la que resultaron varias personas heridas, incluidos policías judiciales y congresistas, paralizó las labores de todos los tribunales.

Más tarde, en la noche, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) solicitó la imposición de 18 meses de prisión preventiva en contra de los arrestados en la operación Calamar, acusados de parte de una red de corrupción que distrajo al Estado dominicano más de 19 mil millones de pesos.

En el documento, depositado ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, también pide que el caso sea declarado de tramitación compleja.

«Un proceso que se ha desarrollado con una investigación que ha asumido altos estándares internacionales”, dijo la coordinadora de Litigación de la Pepca, Mirna Ortiz,

Sobre lo solicitado, Ortiz señaló que el Ministerio Público “entiende que es la medida que este caso conlleva, de acuerdo a la gravedad de las imputaciones, a la seriedad de las mismas y al legajo probatorio que hemos depositado”.

Detalló que en el expediente consta de “más de 1,200 elementos de pruebas depositados, una medida de coerción de más de tres mil páginas que involucra la sustracción de dinero del Estado por más de 17 mil millones de pesos” en expropiaciones, los cuales sumados a unos 2,100 millones en deuda administrativas totalizan más de 19 mil millones.

Ortiz señaló que el Ministerio Público está listo para conocer la medida cuando el tribunal fije la audiencia.

La litigante especificó que esta investigación apenas comienza y que según vaya avanzando pueden producirse otras detenciones.

En la operación, ejecutada el pasado sábado, fueron realizados 40 allanamientos distribuidos en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Romana, logrando el arresto de 20 personas.

En la ejecutoria de estos allanamientos y arrestos participaron 40 fiscales, decenas de técnicos de diferentes unidades de investigación, 300 miembros de la Policía Nacional y un amplio equipo de apoyo administrativo.

Entre los arrestados se encuentran, el exministro de  Hacienda, Donald Guerrero; ex ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta; exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo; ex contralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA),  Luis Miguel Piccirilo; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, el economista Ángel Lockward y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.

Asimismo, están arrestados Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emir Fernández de Paola, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación, Ana Linda Fernández, Ángel Lockward, Aldo Antonio Gerbasi, Ramón David Hernández, Víctor Matías Encarnación y Rafael Parmenio Rodríguez Encarnación.

La imputación preliminar del Ministerio Público en contra de los arrestados incluye conductas tipificadas en el artículo 146 de la Constitución de la República, así como los artículos 123, 166, 171, 172, 174, 175, 177, 265, 266, y 405 del Código Penal.

También, violaciones a las leyes 448-06 y 311-14, además de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Ley 33-18, sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.

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